En concreto, Mariano Rajoy le instaba a "controlar" que la actividad económica en el Peñón "no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad".
Según informaba Moncloa en un comunicado, la conversación telefónica entre los dos mandatarios, a petición del jefe del Ejecutivo comunitario, se produjo a las 13.15 horas y, según fuentes gubernamentales, ha durado unos doce minutos.
En ella, según este comunicado, Durao Barroso "en ningún momento planteó ningún aspecto a Rajoy relativo a una posible tasa de congestión".
Así lo ha explicado el Gobierno después de que un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, asegurara que Barroso había avisado al presidente del Gobierno español de que cobrar una tasa por cruzar la Verja sería "ilegal". "Cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce sería ilegal", recalcaban.
En un comunicado posterior, la Comisión Europea tampoco mencionaba este asunto. En una breve nota, explicaba que ambos mandatarios han acordado que la misión de investigación se desplace "lo antes posible" para examinar en el lugar los controles fronterizos al movimiento de personas y bienes.
Además, indicaba que Barroso ha expresado su esperanza de que España y Reino Unido afronten este asunto de una manera que esté en línea con su común pertenencia a la Unión Europea.
España aplicará "medidas legales" en defensa de sus intereses
Por su parte, según ha indicado Moncloa, Rajoy asegura que su Gobierno "aplicará medidas legales en defensa de la propia legalidad española y europea y de los intereses de España y los españoles".
Así, continuaba defendiendo los controles en la Verja, de los que se han quejado el Gobierno británico y las autoridades del Peñón. Rajoy ha explicado hasta la saciedad que España ejerce "sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera".
Por ello, Rajoy invitaba a que la Comisión Europea enviase una delegación a España y Gibraltar, pero apuntaba que debe hacer "las verificaciones oportunas con un enfoque global". En este sentido, el presidente del Gobierno subrayaba "la necesidad de verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnera la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad".
Denuncia por el lanzamiento de bloques de hormigón
Al margen de esto, el jefe del Ejecutivo español recordaba al presidente de la Comisión Europea que el "acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental".
Rajoy ha querido recordar que su Gobierno trasladó su denuncia cuando se produjo el lanzamiento ante la Secretaria General de la Comisión Europea por violación de la normativa medioambiental europea y ha señalado que espera que el Ejecutivo comunitario "responda a esa denuncia".
Finalmente, el presidente del Gobierno ha reafirmado su "disposición al dialogo de España con el Reino Unido, de acuerdo con el derecho internacional y europeo y en los términos acordados con el Primer Ministro del Reino Unido".
La tasa por entrar sería ilegal
Desde Bruselas aseguran que cobrar una tasa de 50 euros por cruzar la frontera, como pretendía el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, sería ilegal. Así lo declaraba en una rueda de prensa en Bruselas un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly.
Bailly también apuntaba que las dos charlas de Barroso con el primer ministro británico David Cameron y con Rajoy han sido de corte "similar" y que en ambos casos les ha dejado claro que Bruselas espera "que las dos partes respeten el derecho de la UE aplicable".
Hay elementos del derecho europeo "que deben ser recordados", ha añadido. Sobre la idea planteada desde el Gobierno de cobrar una tasa fronteriza, Bailly advertió de que Bruselas no se va a pronunciar porque no existe una propuesta "formal", pero que de llevarse a cabo en esos términos sería "ilegal".
"Cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce (de dicho paso) sería ilegal", ha recalcado el portavoz.
No obstante, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha matizado a Europa Press que el Gobierno no pretende establecer un impuesto fronterizo, sino "una posible tasa por congestión en la Línea de la Concepción que será plenamente compatible con las normas comunitarias".
Dicha tasa se basaría en el sistema de imposición de "peajes a los usuarios de una red particular de transportes en los periodos o áreas de demanda máxima para reducir la congestión del tráfico".
El Gobierno está analizando la "compatibilidad" de esta posible tasa de congestión con la normativa comunitaria, si bien considera que "es posible" porque ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones por parte de otros países de la Unión Europea.
La tasa que planea el gobierno ya existe
Por otra parte, el secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López Istúriz, afirmaba este martes que la posible tasa que estudia implantar el Gobierno de España en la Línea de la Concepción existe en Londres y en otras ciudades de la Unión Europea (UE).
"Es una tasa que existe. Aparte de Londres, hay otras ciudades, en estos momentos, en la Unión Europea que tienen esa tasa y no hay ningún problema y no tiene que llamar ni a sorpresa ni a escándalo que esto suceda", indicaba López-Istúriz, en una entrevista concedida a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, preguntado sobre si esta tasa sería una especie de peaje como el que hay ya instalado en la capital británica.
Dicho esto, el eurodiputado 'popular' ha señalado que lo que "llama la atención" es que Reino Unido "recurra a la Unión Europea" para mediar en este conflicto cuando --según ha afirmado-- "tiene un Gobierno claramente euroescéptico como es el de David Cameron".
Control de la fiscalidad
Lo que sí ha conseguido el jefe del Ejecutivo es que una delegación comunitaria se instale en Gibraltar para vigilar el blanqueo de dinero, el contrabando y la fiscalidad en la zona. Así se lo pidió Rajoy a Barroso durante su conversación telefónica, tras la que la CE ha asegurado que enviará una misión a la Verja "lo antes posible".
El presidente del Gobierno había expresado a Barroso la necesidad de verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad. Tras manifestar que España aplicará "medidas legales en defensa de la propia legalidad española y europea, y de los intereses de España y los españoles", Rajoy ha reiterado la disposición al diálogo con el Reino Unido, de acuerdo con el derecho internacional y europeo y en los términos acordados con el primer ministro del Reino Unido.
Desde Bruselas manifiestan que la fecha de la visita de la misión comunitaria está aún por fijar, aunque la Comisión barajaba inicialmente llevarla a cabo en septiembre. Bruselas decidió plantear esa visita de expertos a raíz de las quejas recibidas de parte de ciudadanos y eurodiputados por los controles en la frontera entre España y Gibraltar. La CE ha insistido en las últimas semanas en que España tiene la potestad de vigilar sus fronteras, pero ha recordado que los controles deben ser proporcionados y dos horas de espera, no parecen muy razonables.
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