Balas en la recámara

Balas en la recámara

jueves 16 de octubre de 2014, 19:14h

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"Ha dicho la verdad, pero no toda. Tiene munición en la recámara". Es la opinión del presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), una de las acusaciones populares en los casos Gürtel y Bárcenas.

Su última petición al juez Pablo Ruz ha sido que imponga una fianza de 3 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Hace unos meses, fue el primero en solicitar una fianza similar para Luis Bárcenas, y el magistrado atendió esta petición, aunque por menor cuantía, ya que el abogado solicitó 54,5 millones y el instructor la fijó en algo más de 43 millones. 

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, Benítez de Lugo -que también actuó en su día contra Carlos Dívar, el presidente del Consejo del Poder Judicial obligado a dimitir tras descubrirse sus pagos de viajes privados con dinero público-, manifiesta que "en el Parlamento, Rajoy puede contar lo que quiera, pero como testigo ante un juez no puede si no decir la verdad", afirma rotundo.

Por ello le "vale más" lo que declare en el juzgado –desde ADADE han pedido que el presidente comparezca como testigo en la causa- que lo que afirme o deje de afirmar en su comparecencia en el Congreso del próximo jueves, que muchos ciudadanos escucharemos con atención, ya sea en nuestros coches de viaje o en nuestras casas.

Al PP, valora Benítez de Lugo, "le da pánico" que testifique el presidente, quien podría hacerlo en su despacho o incluso por escrito, aunque esta última opción sería peor porque "reflejaría una postura huidiza".

ADADE también pidió la declaración como testigos de otros cargos del PP que aparecen como receptores en los papeles de Bárcenas (María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos), para que digan si es cierta la versión del extesorero de que recibieron dinero negro.

Si lo niegan, añade, "la situación se aboca a un careo" entre todos los altos cargos populares y el señor Bárcenas. "Nos tiene especial cariño", ironiza sobre este último, a quien denunció por amenazarle el pasado 27 de junio, cuando fue el primero en pedir al juez que le metiera en la cárcel bajo fianza. Finalmente, y ante su sorpresa, las fiscales de Gürtel elevaron su petición a una prisión incondicional sin fianza.

Ese día, ni Bárcenas ni su entonces abogado creían posible que iría a la cárcel tras declarar por sus cuentas en Suiza. "Fue una situación muy tensa, él pensaba que se iba a marchar a casa", reconoce Benítez de Lugo.

Días después, el extesorero le pidió perdón siguiendo el consejo de su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño.

Para el presidente de Adade, la actuación de la Fiscalía en Gürtel y los papeles de Bárcenas (los llevan fiscales diferentes) tiene "luces y sombras", aunque reconoce que el Gobierno "se implica, pero no de forma minuciosa" de manera que los fiscales "tienen cierta autonomía".

El cambio de estrategia de defensa de Bárcenas, que siempre había negado la autoría de los papeles y la contabilidad B hasta que hace dos semanas decidió reconocer ambas cosas, ha supuesto un giro "radical" a la instrucción.

En opinión de este letrado, el extesorero "ha dicho la verdad, pero no toda. Tiene munición en la recámara". Se refiere con ello a las donaciones de empresarios, que si bien reconoció que existían, no las atribuyó a comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, con lo que el cohecho, por parte del partido, es más difícil de demostrar. "Bárcenas no era el gran urdidor, lo era Álvaro Lapuerta, que lo visaba todo", opina.

Para Pablo Ruz, tiene en general buenas palabras ("un juez sólido y muy trabajador, dicta de quince a veinte resoluciones diarias"), aunque cree que peca de "seguidismo" de las peticiones de los fiscales.

Al extesorero se le imputan delitos fiscales, de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Ruz ha cuantificado que las responsabilidades pecuniarias por todos esos conceptos ascienden a 32.405.119 euros, a los que añade el tercio legal para el cálculo de la fianza civil.

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