Como si no fuera con el resto de partidos políticos que también gobiernan los entes locales del país. Así entiende la mayoría de la oposición que el Gobierno se ha tomado la reforma de la ley que regula las administraciones locales (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es su nombre oficial) que va a ser aprobada este viernes en el penúltimo Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto.
El PP decidió rechazar —y bloquear, por tanto, con su mayoría absoluta—, durante la Diputación Permanente reunida el pasado miércoles, la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que informe sobre este proyecto cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por el Consejo de Estado.
La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, según los cálculos estimados por el Gobierno.
La petición realizada por el PSOE pretendía conocer el contenido del último borrador de la reforma local que saldrá finalmente de La Moncloa a las Cortes este viernes y del que la oposición no ha vuelto a tener conocimiento alguno desde que el máximo órgano consultivo del Ejecutivo cuestionase su constitucionalidad (en cuanto al coste de los servicios o el excesivo poder que acumulan las diputaciones provinciales)
El PP que ha reconocido en boca de su portavoz en la Permanente, Juan José Matarí que atenderá a las "observaciones" del Consejo de Estado, lo que le podría suponer la inclusión de modificaciones en el último borrador conocido por la oposición y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin embargo, para Matarí, "no es momento de comparecencias, sino de que el Gobierno apruebe el texto definitivo y remita el proyecto a esta Cámara". A partir de ahí, entiende el PP, se procederá al debate del texto.
Para los socialistas, el Gobierno está tomando decisiones de tanto "calado" como la reforma de la ley reguladora del funcionamiento de todos los entes locales (1988) sin debatir con la oposición o ponerla en antecedentes.
Según admitió hace algunos días la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.
El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, ha recordado al PP que el informe del Consejo de Estado es una "enmienda a la totalidad" al proyecto del Gobierno. Dicho informe no era vinculante, pero la oposición entiende que si el Ejecutivo no ha dado a conocer un texto posterior es, o porque no va a modificar nada e ignorará las recomendaciones de constitucionalidad del Consejo, o porque va a hacer cambios que requieren debate y el Gobierno lo quiere aprobar sin debatir. Negativo en cualquier caso, razonan las fuentes consultadas.
Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso entre las propias filas conservadoras, en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de algunos de los aspectos principales la reforma como por ejemplo, el modo en el que se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones o el coste estándar, entre otros.
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