Prácticas como las ruedas de prensa sin preguntas, algo que los medios internacionales miran desconcertados, el veto a las cámaras de televisión en los mítines electorales, los videocomunicados y los discursos transmitidos solo por circuitos cerrados de televisión ponen en entredicho el estado de la libertad de prensa en España. Este año se añadirá otros dos motivos: la prohibición de fotografiar y tomar imágenes de vídeo de determinados actos oficiales del Gobierno y cambiar sin aviso quien ha de formularle las preguntas al Presidente en las ruedas de prensa internacionales.
El pasado martes, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, recibió al Consejo Empresarial de la Competitividad, que agrupa a los líderes de las grandes compañías (Telefónica, La Caixa, Santander, BBVA, Repsol, Inditex...) y pese a no ser una convocatoria secreta, tres horas antes de la reunión, La Moncloa remitió un SMS a los medios con este aviso: “El acto no tendrá cobertura gráfica y más tarde se repartirán imágenes y fotos”.
A las redacciones de los periódicos llegaron tres fotografías. En todas ellas Rajoy charlaba con aspecto distendido con los empresarios. Era la imagen que quería difundir el palacio presidencial. Y lo logró. Los rotativos, publicaron las instantáneas dejando claro que habían sido distribuidas por el Ejecutivo.
Este nuevo giro restrictivo en la política comunicativa genera, una vez más, el rechazo de las organizaciones profesionales que ya en una ocasión pretérita pusieron en jaque al gobierno al negarse a asistir a una rueda de prensa de Ana Mato en la que no se les permitía preguntas.
“El Gobierno tiene que saber que este tipo de actuaciones debilita los derechos constitucionales de libertad de expresión e información”, dicen. Además, consideran que estas trabas “solo buscan convertir la información en mera propaganda oficial”.
Sacudido por los escándalos que rodean al PP, Rajoy elude su presencia ante la prensa en los momentos informativos cumbre (la publicación de los papeles de Bárcenas, el encarcelamiento del extesorero del PP) y solo comparece cuando se ve obligado.
Es decir, tras reuniones con presidentes o primeros ministros de otros países. En estas ocasiones, es el único momento en el que los periodistas pueden aprovechar para preguntar por el caso Bárcenas. Este mes lo hicieron ante la canciller alemana Angela Merkel en Berlín y ante el primer ministro polaco, Donald Tusk, de viaje oficial en España.
Siguiendo la tradición, los periodistas pactaron los temas de las dos preguntas a Rajoy y quiénes las formularían (en esta ocasión la agencia Efe y el diario El Mundo). Pero rompiendo el acuerdo, Rajoy le dio la palabra al representante de Abc.
La Asociación de la Prensa de Madrid, cuestiona estos pactos entre los informadores —“limitan el trabajo de los periodistas y, consecuentemente, los derechos constitucionales de libertad de expresión y de información”— pero entiende que son la única posibilidad de hacer preguntas sobre asuntos concretos en unos tiempos en los que las ruedas de prensa de los representantes públicos “son cada vez más escasas, sobre todo cuando se encuentran en dificultades”.
La Moncloa más tarde intentó disculparse argumentando que fue un malentendido por estar de vacaciones la persona que se ocupa de estos asuntos.
Episodios como este y todos los que estamos presenciando durante la legislatura de Mariano Rajoy ponen de manifiesto que “entre las debilidades del Gobierno no está la de comunicarse con los medios”, afirma el catedrático de Periodismo José Luis Martínez Albertos, que critica la moda (ya menos frecuente) de las ruedas de prensa sin preguntas.
“Las trabas del Gobierno a la libertad de información son una muestra más de la brecha existente entre los grandes partidos políticos y el ciudadano de a pie”, añade Víctor Manuel Marí Sáez, profesor de la Universidad de Cádiz.
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