A contracorriente de la mayoría de la sociedad, que ha recibido con amplia aceptación leyes como el divorcio, el aborto o el reciente matrimonio homosexual, el vigente Ejecutivo parece más dispuesto a mirar hacia tiempos pretéritos que hacia la actual realidad social que debe gobernar.
Los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro…) estarán vetados a parejas de lesbianas y a mujeres solas en la sanidad pública. La cartera común básica de servicios que está definiendo el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato, en su pretensión de priorizar, prioriza ideológicamente, reservando al parecer estos tratamientos solo para "parejas integradas por un hombre y una mujer" y siempre que haya problemas de fertilidad.
Así lo recoge la propuesta que ha enviado el departamento de Ana Mato a las comunidades autónomas, aunque después, de palabra, fuentes del ministerio han intentado disminuir la polémica al asegurar que cualquiera que sea estéril podrá acceder a estos tratamientos.
En Sanidad aseguran que detrás de esta acotación no hay motivos ideológicos y que la medida se toma para “priorizar”. “Se atenderá estrictamente a criterios terapéuticos y preventivos”.
Decisión ideológica
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que suprimir la financiación pública de los tratamientos de fertilidad de lesbianas y mujeres solas no tiene justificación por la crisis económica y debe su origen a razones puramente ideológicas. Según el líder de los socialistas, el Gobierno del PP utiliza “la excusa de la crisis” para suprimir este derecho cuando se trata, asegura, de una decisión de “pura ideología”.
Mientras, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha denunciado que el derecho a ser madres "quede reservado a quienes se atengan a un único modelo de familia". En un comentario en su muro de Facebook, Valenciano ha ironizado: “Derecho a ser madres, sí; tratamientos de fertilidad, sí. Pero sólo como Dios manda. Gobierno de España”. También ha apuntado que si el problema es limitar los tratamientos por falta de recursos, como aduce el ministerio, la selección debería basarse en el nivel de renta o en otros requisitos de salud, pero no en el tipo de unidad familiar, que es lo que parece que están priorizando.
La responsable de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, afirmó que el Gobierno "discrimina a muchas mujeres para promover un único modelo de familia". Además, ha añadido: “La diversidad familiar es una realidad presente en nuestra sociedad, apoyada y reconocida desde la aprobación del matrimonio igualitario en el caso de las personas LGTB, sin embargo este tipo de medidas ponen de manifiesto la ideología homofobia y sexista del PP, contraria a la igualdad de las personas y las familias. La obligación del Gobierno es proteger a todas las familias así como el apoyo a la maternidad”.
Las reacciones de los colectivos sociales
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha expresado en un comunicado que la decisión "responde a una visión machista, inconstitucional y discriminatoria de la familia". La vocal de Igualdad de la Federación, Isabel Gómez, lo tiene claro: “Este Gobierno cree que somos familias distintas, familias de segunda, y por tanto no garantiza en igualdad nuestro derecho a tener hijos e hijas. Es una clara discriminación y estamos estudiando cómo recurrir la normativa. Mientras tanto el Partido Popular sigue volcando sobre nuestro colectivo todo su odio, convirtiendo en ley la pura discriminación”.
La asociación de consumidores FACUA también se ha pronunciado a este respecto para exigir la retirada de la iniciativa del Gobierno, que ha tachado de "homófoba y machista". En una nota de prensa ha afirmado que la asociación considera "intolerable" que se pretendan alegar criterios "terapéuticos y preventivos" para justificar esta medida claramente discriminatoria.
Además acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de "ceder" a los postulados de los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica, "representados por personajes como Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, quien valora la reproducción asistida como un ataque a la familia".
Mientras, la organización del certamen inviTRA, la primera feria de la reproducción asistida de España, considera "muy negativa" la propuesta y critica que exista además un límite de edad para financiar estos tratamientos.
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