El Constitucional suspende el decreto andaluz de desahucios

El Gobierno ya había anunciado el 28 de junio que recurriría este decreto andaluz que prevé expropiaciones de viviendas, y sanciones económicas a propietarios jurídicos de inmuebles vacíos que no los pongan en alquiler, una vez recabado un informe del Consejo de Estado, el cual el pasado 4 de julio le dio la razón al Ejecutivo al considerar que existen "fundamentos jurídicos" para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había adelantado que el Gobierno entendía que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad".

En el mismo sentido, detalló que "en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad" e indicó que "además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma", el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. "Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad", quiso añadir.

Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entrase en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía había iniciado los expedientes de expropiación temporal de un total de 12 viviendas a los bancos: 4 para familias de Málaga, 2 de Huelva, 2 de Granada y uno de Sevilla y de Cádiz, según la Consejería de Fomento y Vivienda.

También había defendido la constitucionalidad de una norma que, según palabras de la Consejera de IU de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, tiene "legalidad jurídica plena" y un "respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y la Constitución español".