Mato activa un Plan de Apoyo a ONG

Así consta en el articulado del real decreto ley que regula un plan más amplio del Gobierno pensado para la sostenibilidad financiera de CCAA y entidades locales, así como de las entidades que proveen servicios a la Administración, y que el Gobierno desplegará a lo largo del presente ejercicio, según informó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El departamento que dirige Mato destinará casi 700 millones de euros para hacer frente a las situaciones de urgencia social en la que se encuentran varias familias, especialmente las que tienen menores, mayores y personas con discapacidad a su cargo.

Los beneficiarios de este dinero serán las entidades sociales que principalmente desarrollen programas de ayuda a familias con problemas económicos, de apoyo a madres, a niños y a niñas en situación vulnerable y de asistencia a personas mayores y personas con discapacidad.

Estos 687 millones de euros hay que sumarlos a los casi 211 que el Gobierno prevé repartir este mismo año como consecuencia de la recaudación de la casilla del IRPF para fines sociales. En total, unos 900 millones de euros para atajar la situación de vulnerabilidad social en la que viven muchas familias por los efectos de la crisis, asegura el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Parte de esos 687 millones de euros del Plan Social servirá para aliviar la situación de tesorería en la que se puedan encontrar algunas organizaciones. Así, miles de trabajadores podrán cobrar sus nóminas y se podrán revitalizar proyectos estancados por problemas de liquidez. Alrededor de 29.000 entidades forman actualmente el Tercer Sector en España, que da ayuda y asistencia a unas seis millones de personas. El volumen de deuda de las entidades sociales con las administraciones públicas oscila entre 150 y 350 millones de euros, según las propias plataformas que agrupan a las ONG sociales.

Esta cantidad se suma a los 339.591.603,99 euros ya abonados en 2011 para facturas pendientes a los proveedores de conciertos de servicios sociales, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y a los alrededor de 210 millones que para el mismo fin procedieron del Plan de Pago a Proveedores del año pasado.