Bankia repite lugar para la celebración de su Junta de Accionistas del próximo 25 de junio; el Palacio de Congresos de Valencia, un espacio que ya en 2012 demostró que no reunía las características necesarias para acoger y garantizar la participación a la que todos los accionistas tienen derecho.
Este año se prevé que la asistencia sea aún mayor dado el descontento creciente por la deficiente gestión de la entidad y el aumento del accionariado tras el canje forzoso de acciones a los antiguos tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada. A los cerca de 400.000 accionistas iniciales tras la salida a bolsa de Bankia hay que sumarle este año 200.000 nuevos accionistas. El año pasado la reunión se prolongó durante horas y muchos accionistas no pudieron intervenir. Además, los turnos no se establecieron por orden de inscripción, como suele ser habitual, ni en base a otros criterios de representatividad, sino de manera arbitraria perjudicando a los pequeños accionistas, muchos de los cuales se quejaron de un servicio y una atención insuficiente.
A pesar de ello, y siendo perfectamente consciente del impedimento que supone para muchos accionistas, Bankia y su ilegítimo presidente insisten en realizar el encuentro en este espacio, poniendo así en duda de manera premeditada los derechos básicos de asistencia, voto, delegación e información de cualquier accionista. Según los actuales estatutos de Bankia la junta tiene que celebrarse en el lugar de domicilio de la sociedad, es decir, en Valencia. Sin embargo, esto no es excusa para no haber previsto un cambio de espacio. La entidad ha tenido todo un año para solucionar las deficiencias del pasado año y encontrar un lugar adecuado para evitar que se vuelvan a provocar los mismos incidentes.
Por eso, Manuel Pardos, Presidente de ADICAE, ha dirigido una carta al presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, en la que solicita que se habilite un espacio apropiado que garantice la plena participación de todos los accionistas que lo deseen sin interponer trabas ni imponer privilegios en el orden de intervención. En caso de no hacerlo estaría incumpliendo de manera deliberada la legislación de los derechos de los accionistas, en una negativa que sería entendida como “una expresión de desprecio a cientos de miles de pequeños accionistas y de millones de clientes” y una violación de los estatutos básicos de cualquier entidad.
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