Las casi 6.000 viviendas propiedad de los bancos destinadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler para familias desahuciadas siguen vacías ya que, según datos de junio, de ellas sólo se han asignado 258 pisos y formalizado el contrato de menos de 90 inmuebles, fruto de las casi 600 solicitudes presentadas.
A pesar de los pésimos resultados, el Ministerio de Economía, que ha facilitado estos datos, procedentes de la comisión de seguimiento del fondo, considera que las cifras son "aceptables para un proceso que arrancó en marzo", y confía en que las solicitudes se vayan incrementando.
También ha abierto la posibilidad de revisar los requisitos si el tiempo demuestra que son demasiado exigentes. En la actualidad pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desalojadas de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 1.600 euros mensuales) y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad (familias numerosas, violencia de género y deudores en paro que hayan agotado la prestación, entre otros). El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duración de dos años, que se puede prorrogar un año más.
La mayor parte de los inmuebles aportados al FSV proceden de cajas convertidas en bancos y una cuarta parte de ellos está ubicada en capitales de provincia.
El PSOE dice que el plan "deja todo en manos de los bancos"
Según políticos de todo el arco parlamentario, las familias afectadas son reacias a solicitar estos pisos porque para ello se ven obligadas a entenderse con el mismo banco que decidió quedarse con sus casas. Para la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, el convenio que firmó en enero el Gobierno con las 33 entidades financieras "deja todo en manos de los bancos, y son estos los que deciden qué vivienda es la más conveniente para el desahuciado y si la familia cumple los requisitos exigidos". Además, todo este proceso se desarrolla en el "departamento de atención al cliente" de la entidad, que se habría convertido, según la formación socialista, en una especie de agencia inmobiliaria. "Todo depende de la buena fe de los bancos y presuponer esta buena fe es como creer en los Reyes Magos", señala Leire Iglesias.
Una de los argumentos en los que coincide la oposición es que estas 6.000 casas (valoradas en menos de 100.000 euros) no están ubicadas precisamente donde los afectados las demandan y, en ocasiones, ni si quiera se encuentran en condiciones aceptables para vivir.
CiU reclama que la gestión del fondo de viviendas se traspase a las autonomías
La portavoz de Vivienda de CiU, Lourdes Ciuró, considera que el fondo es "un maquillaje" sin voluntad y lamenta que la gestión final esté encomendada a un banco, cuando lo lógico sería encargarlo a las autonomías que tienen las competencias.
Ciuró pone así el acento en aspectos abusivos dentro del propio convenio y explica que las viviendas se alquilan por un período de dos años cuando la ley de arrendamiento urbano ya prevé un mínimo de tres. Además, el banco puede "mover" a la familia en ese período si lo estima "necesario". "Se exige voluntad de hierro a estas familias" ha dicho Ciuró, para quien el fondo tampoco funciona por lo que urge a su revisión.
IU censura que los requisitos para acceder a un piso son "muy exigentes"
Para el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela, los requisitos para acceder al fondo son "muy exigentes" cuando se habla de gente que lo ha perdido todo. Coscubiela denuncia además la "oscuridad" del proceso, que ha relacionado directamente con la mayoría absoluta del PP en el Congreso, y recuerda que su grupo ha propuesto en reiteradas ocasiones un fondo público de vivienda que vincule a comunidades y municipios y no dé todas las prerrogativas a los bancos.
Para el portavoz de Vivienda del PP, Teodoro García, que ha de defender la labor realizada por el gobierno a toda costa, la oposición utiliza los datos del fondo con "fines partidistas" y cae en el error de "hacer política con el dolor ajeno".
En opinión del diputado popular, si una persona consigue una vivienda por 125 o 400 euros, que es la horquilla en que se mueven estos arrendamientos, "poco le importa quién le ha dado el piso". El fondo de viviendas para desahuciados se puso en marcha a comienzos de años, tras un acto en la que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, realizó una sobreactuada presentación.
Para el abogado de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, el fondo es "un auténtico insulto" y ha criticado que se esté haciendo al Estado "copartícipe" de la especulación inmobiliaria. Mayoral lamenta además la absoluta impunidad de las entidades financieras a las que ha considerado como las "auténticas responsables de la crisis" que "deberían ser puestas a disposición judicial por lo que han supuesto en la estafa hipotecaria masiva".
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