Además, la cantidad a la que tienen derecho estos becarios se reducirá sustancialmente para prácticamente todos los alumnos (entre 500 y 2.000 euros), aunque se completará con una cuantía de dinero que variará dependiendo del nivel de renta, del rendimiento académico del estudiante y del presupuesto que el Gobierno decida destinar a la convocatoria.
Esto es, se distribuirá entre los beneficiarios esa primera cantidad fija reducida (de hasta 1.500 euros para los alumnos con menos recursos), y el resto del presupuesto se repartirá entre todos ellos aplicando una fórmula en la que se tiene en cuenta la nota media del alumno, frente al resto de becados y alumnos solicitantes, así como capacidad económica. El mínimo de ese monto variable sería de 60 euros, pero cuando el alumno rellene la solicitud de la beca no podrá saber cuánto dinero va a recibir finalmente, lo que dificulta la entrada a la universidad y el mantenimiento de las becas, pues si estas se reducen y se tienen menos recursos, se tiene que recurrir a un trabajo temporal que dificulta poder obtener los méritos académicos necesarios (media de 6,5, ninguna asignatura suspensa salvo en las carreras "más prácticas" donde se admite un suspenso del 15% de los creditos totales cursados en el año) para la siguiente solicitud del año siguiente, especialmente con el Plan Bolonia que no permite el absentismo.
El ministerio asegura, sin embargo, que el nuevo modelo incentivará la mejora del rendimiento académico y que los que saldrán mejor parados serán los alumnos con menos renta y mejores notas. Pero para estudiantes, sindicatos, familias y muchos otros expertos esto supone crear una incertidumbre en los aspirantes a beca- lo que unido a que se reduzca el derecho básico introduciendo además un modelo competitivo a merced de los presupuestos hace que todos estos representantes de la sociedad rechacen la protesta porque lo ven como otro golpe a la política de igualdad de oportunidades, tras el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder a una ayuda —que ha dejado fuera a miles de beneficiarios— y al encarecimiento de los precios de las matrículas que se ha producido este curso y que seguramente continúe el próximo- pues la situación económica de las comunidades autónomas no ha variado prácticamente nada y, si lo ha hecho, es, en muchos casos, a peor, pese a que algunas comunidades autónomas parezcan haber reducido convenientemente su déficit.
Fuentes del departamento de Educación han añadido que se trata de que los estudiantes respondan con mejores resultados al esfuerzo que hace la sociedad para pagar estas ayudas. No olvidemos que cada alumno en la pública cuesta al Estado unos 8.000 euros que invierte “a fondo perdido” en cada uno de ellos. Además, defienden que ahora habrá un reparto más gradual, de tal manera que no haya saltos excesivos entre quienes están muy cerca, pero en un lado u otro del umbral máximo de renta que da derecho a un dinero o a otro.
Pero lo cierto es que este nuevo sistema soluciona al Gobierno cualquier problema presupuestario que pudiera acarrear en estos tiempos de crisis el modelo actual pues con él se establecen unas cantidades fijas que se consideran razonables para cumplir su objetivo (poder estudiar en otra comunidad, compensar que los hijos de familias pobres estudien en vez de trabajar).
Ahora bien, actualmente ese dinero es un derecho del estudiante que se tiene que cubrir, aunque haya que ampliar para ello el presupuesto reservado, pero con el nuevo sistema, sin embargo, se asegura que siempre habrá dinero suficiente, al bajar sustancialmente la cantidad que se recibe por derecho (por cumplir unos requisitos de renta y unos académicos) y hacer depender la parte variable del dinero que quede. “Se reduce drásticamente el derecho de los alumnos”, dice Montse Milán, de CC OO.
El borrador de decreto que se conoce reduce los tipos de ayudas a tres: las que hasta ahora eran becas salario o compensatorias, para alumnos con menos recursos (que son este curso de entre 2.040 y 3.500 euros); las de residencia (para ayudar a estudiar fuera de tu comunidad autónoma, este año, ascienden entre 2.556 euros y 6.995) y una categoría de nueva denominación que se llama beca básica.
Esta, en la etapa universitaria exime de pagar la matrícula. En el bachillerato y la FP, como no se suele tener que pagar matrícula (aunque varias comunidades como Madrid y Cataluña ya cobran la FP de grado superior en la pública), sustituye a la “beca de escolaridad”, que actualmente asciende hasta 581 euros y ahora queda reducida en más de la mitad, hasta los 200 €.
Naturalmente esto es visto como un ataque a la educación pública y al ascenso social, que hasta ahora permite la universidad pública, pues los ricos podrán seguir asistiendo a la universidad, con el dinero de sus padres, pero los hijos del proletariado no y no sólo porque la situación económica no lo permita, sino porque no pueden permitirse lujos como tener profesores particulares para poder entender lo que sus profesores les explican y lograr aprobar a la primera los exámenes, algo que los ricos siempre pueden hacer, y no van a poder pedir un credito en el banco para estudiar porque los bancos no se lo van a dar, por carecer de avales.
Parece que Wert desea que la Universidad se vuelva a convertir en un territorio hóstil para las clases trabajadoras, donde se tengan que pelear con todos para ser los mejores para así poder estudiar y aspirar a ser alguien.
Si (
No(
