El consejo de expertos a los que el Gobierno ha encargado la elaboración de un informe para reformar el sistema de pensiones ha sido aprobado por una amplia mayoría con la que se consagra legalmente las pérdidas de poder adquisitivo de las pensiones en tiempos de crisis, incluso que puedan quedarse casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora y que su importe se reduzca acorde a nuestra esperanza de vida.
El informe de los expertos, que fue asumido por 10 de los 12 miembros del grupo, aunque con tres votos particulares (y con un voto en contra y una abstención), ya está en manos del Ejecutivo.
Los votos particulares corresponden a Miguel Angel García, jefe del gabinete de estudios de CC OO, que ha votado a favor del texto, suscitando quejas y polémicas en las redes sociales. También, a Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada que entró a propuesta del PSOE, y lo ha rechazado. El último es de José Luis Tortuero, catedrático de Seguridad Social y también propuesto por el PSOE, que ha optado por la abstención.
El Gobierno ahora lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con tanto sindicatos como patronal que ha prometido Rajoy.
La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según parece haberse comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.
Sobre este extremo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ayer aplazaba una respuesta oficial del Gobierno sobre las propuestas de los expertos hasta que no recibieran el documento. "No tenemos todavía el informe y no puedo confirmar si va a ser remitido en el día de hoy o el lunes", ha dicho Santamaría. "De momento, solo puede agradecer al comité su trabajo", añadió antes de asegurar que el Gobierno da mucha importancia a los acuerdos del Pacto de Toledo.
Independientemente del contenido del texto, desde el entorno del presidente matizan que el Gobierno trabaja ya en fórmulas para intentar incorporar a los sindicatos y al PSOE en un pacto complejo pero no imposible.
Factor de sostenibilidad y desvinculación al IPC
Hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Su conclusión pasó por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, establecer que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse.
El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobase en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno escogió un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.
La voz discordante
El sabio díscolo, Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Económicas ha explicado en el anexo que figura junto al informe, las explicaciones sobre su voto particular, junto con los otros dos compañeros.
"De momento hay ingredientes suficientes en el terreno de la reforma del sistema pensiones y en las fortalezas del propio sistema como para que nos otorguemos un pequeño respiro y no demos pie al pánico y a la alarma social; eso sí que nos sirva también para pensar en el siguiente paso a desarrollar. Paso este que, sin duda, convendría viniera consensuado por la fuerzas políticas y sociales que articulan la opinión y los intereses de los ciudadanos del país", señalaba rotundo.
Y es que este experto considera que, tal y como precisan desde el PSOE a su manera, se está actuando con excesiva precipitación y sobre la base de estimaciones económicas que considera insuficientes para acometer cambios tan profundos. "El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo, ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar", precisa este sabio.
Cree que se debería dar tiempo a los cambios aplicados en 2011 en materia de pensiones, "y hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las pensiones".
Todavía es pronto
Es pronto para acometer cambios drásticos sobre el pago de pensiones, justifica. "No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente", explica en su voto en contra.
El economista explica sus diferencias con este diagnóstico elaborado por sus compañeros en un tiempo tan escaso como un mes, en 10 folios. En síntesis, su desacuerdo parte de la base de que la revisión del sistema se realiza sobre proyecciones económicas. Y la economía fluctúa mucho.
"Aun admitiendo las dificultades que, fundamentalmente por razones de la evolución demográfica del país, se puedan plantear en el futuro para la estabilidad presupuestaria el sistema de público de pensiones, no considero preciso que se introduzcan factores de sostenibilidad apoyados en la dinámica de variables económicas estimadas", señala al final de su extensa crítica a las ideas del estudio.
"No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones, más allá de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se consideren en el ámbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los próximos años habrá que estar atentos a la evolución de los resultados de la reforma", añade.
Necesita retoques pero no son estos
Ruesga no niega que el sistema de pensiones necesite una reforma. Sin embargo, critica que esos cambios deban basarse en reducir los pagos, y propone aumentar el gasto público en pensiones.
"A mi modo de ver creo que es preciso asumir que el aumento del número relativo de pensionistas, derivado de las tendencias demográficas, exigirá un esfuerzo paulatinamente mayor de la sociedad para con el gasto de pensiones, lo que nos habría de llevar a una cifra de gasto similar a la media de la UE, en el entorno del 14%, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, considero que el esfuerzo de ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuación de la solidaridad inter e intrageneracional en los próximos años, por lo que además de los efectos de la reforma en marcha, sería razonable establecer un compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones públicas, sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos, en un horizonte de convergencia con la media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se refiere como a gasto social, en general. Las cifras al respecto permiten avalar un horizonte como este", defiende.
"Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema (aun entendiendo, como no, la licitud de que un Comité de Expertos realice las propuestas que le parezcan adecuadas, más allá del mandato que tenga), tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones y sobre cuyos resultados efectivos en términos de equilibro presupuestario no contamos con las simulaciones suficientes, ante la ausencia de apoyo por parte de los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comité para realizar su encargo", explicaba para finalizar.
CC. OO. se explica
Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CCOO, ha votado a favor del informe de reforma del sistema de las pensiones que propone al Gobierno bajarlas. Ahora que puede ser reprendido por la sociedad, justifica sus razonamientos.
En la rueda de prensa en la que se ha presentado este informe, elaborado por un comité de 'expertos', se ha justificado asegurando que "quien decide es la política". "Nosotros pensamos que es conveniente que todas las medidas sean graduales".
"Un sistema de reparto sólo puede repartir lo que tiene", continuaba García, "por lo que la evolución de la economía es determinante para saber hasta qué punto se puede soportar esta sostenibilidad". "España tendrá que pagar un 70% más de pensiones en el año 2050 respecto a las que se pagan ahora", ha proseguido.
No es vinculante
También se ha justificado el propio sindicato. La Dirección Confederal de CCOO asegura en un comunicado que el informe "no vincula ni al Gobierno ni a los agentes sociales". Según CCOO, el Pacto de Toledo y el diálogo social son las herramientas para la reforma de las pensiones y no emitir un documento de recomendaciones.
"El informe es eso, un informe. No vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a los interlocutores sociales", añade este sindicato, que dice sentirse vinculado a los acuerdos suscritos en febrero de 2011 "para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones" que preveía abordar el factor de sostenibilidad en 2027.
Enfado social
Pero ni las explicaciones de García, ni las de este sindicato han convencido en Twitter, donde los usuarios mostraban su indignación y sorpresa por un voto favorable a este informe y han llegado a exigir a Comisiones Obreras que cese de su cargo a García.
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