Según el diario The Guardian, este organismo habría acumulado inteligencia de forma secreta y aparentemente ilegal utilizando el programa estadounidense Prism, puesto en marcha también de forma secreta, aunque legal y con el conocimiento del Congreso, gracias a una ley aprobada en su día por el presidente George W. Bush y renovada en 2012 por su sucesor, el presidente Barack Obama que permitiría rastrear el uso de Internet por parte de ciudadanos no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
The Guardian ha publicado también un directiva top secret de Obama firmada el pasado mes de octubre con la que el presidente requeriría que se elabore una lista de potenciales objetivos para ciberataques lanzados por fuerzas estadounidenses.
La comisión parlamentaria británica espera recibir un primer informe del Cuartel este mismo lunes, Su presidente, el diputado conservador Malcolm Rifkind, ha confirmado: “Esperamos recibir muy pronto un informe completo del GCHQ y en cuanto recibamos esa información decidiremos qué dirección debemos tomar”.
Según The Guardian, el servicio de escuchas británico ha sorteado al menos desde 2010 el circuito legal que está obligado a seguir para poder realizar ese tipo de rastreos en Internet y lo ha hecho a través de su acceso al programa Prism con la colaboración de las autoridades de Estados Unidos. De esa manera habrían podido reunir inteligencia suficiente para realizar hasta 197 informes en el año 2012. En una declaración al diario londinense, el centro de escuchas del Gobierno británico se ha limitado a enfatizar que se toma “muy en serio sus obligaciones legales”.
Si el caso cuestiona el compromiso de Barack Obama cuando era candidato presidencial con el respeto a las libertades individuales, en Reino Unido se le añade el interrogante de si la inteligencia británica actuó por su cuenta o con el conocimiento del Gobierno y hasta qué punto lo ha hecho sorteando los preceptivos permisos judiciales.
Y llega justamente en el peor momento, justo cuando el Gobierno se replantea la posibilidad de legislar para que los servicios de inteligencia no necesiten permiso judicial para recoger datos sobre el acceso de los ciudadanos a Internet.
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