El Consejo de Ministros ha nombrado dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho, y Enrique López, juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y profesor de Derecho Penal. Ambos de tendencia conservadora, serán los sustitutos de Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, progresistas, que terminan su mandato este domingo.
Horas antes, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado también para el alto tribunal a José Antonio Xiol, progresista y presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y a Santiago Martínez Vares, magistrado de la sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la magistratura. Cada uno de ellos ha obtenido 18 votos de los 21 posibles. El Poder Judicial sustituye con estos nombramientos al actual presidente Pascual Sala, progresista, y a Ramón Rodríguez Arribas, conservador. Ambos nombramientos se han efectuado en la primera votación que ha realizado esta mañana el órgano de gobierno de los jueces.
Al lograr una mayoría de carácter conservador en el alto tribunal, que será la que tendrá que pronunciarse sobre asuntos tan claves como la reforma laboral, el euro por receta, la no revalorización de las pensiones, la reforma del aborto o la declaración soberanista del Parlamento catalán.
Muchos asuntos sobre los que decidir
El tribunal de garantías, que contará desde este mismo mes con un sólido bloque conservador formado por siete magistrados frente a los cinco del ala más progresista, deberá empezar o proseguir el análisis también de la supresión de la paga extra de los funcionarios, las tasas judiciales o el recurso del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.
El proceso soberanista que se ha abierto en Cataluña será uno de los temas clave para este remodelado Tribunal Constitucional. Por el momento, ya ha admitido a trámite la impugnación que presentó la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que hablaba de la "soberanía del pueblo catalán".
El Gobierno también ha anunciado que va a llevar al Constitucional la constitución del Consejo Asesor para la Transición Nacional que trabaja en la eventual creación de un Estado catalán. Es posible que la Ley de Consultas que se tramita en este momento en el Parlamento de Cataluña también sea objeto de recurso por parte del Ejecutivo de Rajoy, con lo que lograrían frenar en seco todos los movimientos iniciados desde Cataluña por su independencia.
Decidirá sobre el recurso de amparo que presentó Arnaldo Otegi contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó en mayo de 2012 por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del denominado 'proyecto Bateragune'.
Reforma laboral, sanidad, educación y pensiones:
Durante este año y medio de Gobierno del PP, los grupos de la oposición han llevado al Tribunal Constitucional numerosas medidas del Gobierno. Así, el PSOE e Izquierda Plural presentaron en octubre del año pasado un recurso contra la reforma laboral. La decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC también está en manos del TC después del recurso que presentaron en febrero el PSOE y otros grupos parlamentarios de la oposición como CiU, PNV e Izquierda Plural.
El tribunal de garantías deberá resolver también los recursos sobre el euro por receta. En diciembre de 2012 el Gobierno recurrió esta medida aprobada por la Generalitat de Cataluña y al mes siguiente hizo lo mismo con una idéntica iniciativa iniciada por la Comunidad de Madrid. Precisamente el alto tribunal ha decidido hoy mantener la suspensión cautelar del pago de un euro por receta en Madrid mientras resuelve sobre el recurso.
También es muy probable que en el caso de que desde el Gobierno Catalán o Vasco se denuncie la LOMCE, por la invasión de competencias, sea este órgano, sobre el que ahora tiene un férreo control el PP, el que decida.
Amnistía fiscal y tasas judiciales:
El partido liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba también ha llevado al Tribunal Constitucional la regularización fiscal promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas, conocida popularmente como 'amnistía fiscal'.
Además, los socialistas presentaron recurso tanto contra la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Ejecutivo del PP como contra la reforma posterior de esa ley a través de decreto ley. También han recurrido la reforma del sistema de elección de RTVE en junio de 2012. Igualmente, los socialistas han anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Costas que ha promovido el ministro Miguel Arias Cañete y que entró en vigor hace una semana.
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