Y es que aunque la Mesa del Congreso acordase por unanimidad repetir el mismo pliego de condiciones de los últimos años, la polémica surgida tras conocerse el precio de algunos productos, alentada por los propios diputados que los criticaban, ha hecho que la Cámara decida este martes introducir correcciones en lo relativo a las bebidas espirituosas.
Las condiciones del concurso para la prestación de servicios de cafetería, restauración y máquinas expendedoras en la sede parlamentaria, que desde 1995 está en manos de empresas cuyo propietario es actualmente el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, se aprobaron el pasado día 21 de mayo.
Días después se publicó el pliego de condiciones de la concesión administrativa, incluyendo los precios máximos de todos los productos, los mismos que vienen rigiendo en los últimos años en la Cámara, pero al trascender algunos de ellos, especialmente los combinados de bebidas alcohólicas, se desató la polémica la pasada semana y algunos diputados y grupos parlamentarios empezaron a cuestionar el sistema.
Los diputados pidieron cambios
Así, UPyD habló de sacar las bebidas alcohólicas de la lista de precios limitados, mientras que Esquerra (ERC) propuso directamente que se dejara de vender alcohol de alta graduación en el Congreso. Hasta un diputado socialista, el donostiarra Odón Elorza, envió una carta a Posada pidiéndole anular el concurso que había aprobado la Mesa con los votos del PSOE.
El presidente del Congreso, Jesús Posadas, asegura haber seguido "de cerca" todo lo que se ha dicho sobre este asunto y, en la reunión que este martes celebró la Mesa del Congreso, propuso sacar las bebidas espirituosas de la lista de precios tasados, con lo que el adjudicatario pondrá el precio que considere conveniente. La modificación volvió a adoptarse por unanimidad en la Mesa del Congreso.
Posada sigue manteniendo que "las cosas se han sacado de quicio" porque el sistema de concesión administrativa que se aplica en este concursos, como ocurre en otras dependencias públicas, busca salvaguardar una "labor social" que afecta a los diputados, pero también a los trabajadores de la casa, los asistentes de los grupos, los policías, los periodistas y los visitantes, así como el mantenimiento de los cerca de 70 puestos de trabajo.
Ha recordado que con esas condiciones "no es fácil encontrar candidatos" para hacerse cargo de estos servicios porque son muchas horas de servicios y hay que mantener la situación del personal de cafeterías y restaurantes de la Cámara. De hecho, en la última edición sólo optaron dos empresas-señalan.
A su juicio, cuando el 21 de mayo se aprobó el pliego de condiciones original "se actuó acertadamente" y de hecho sigue defendiendo como algo "lógico" la existencia de precios tasados en los menús, los desayunos, los cafés o incluso la cerveza. Ahora bien, como parece que no se ve así en el caso de las bebidas alcohólicas, pues "si hay que cambiar una cosa, se cambia".
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