El diputado y secretario general del PSOE riojano, César Luena, registró una pregunta en el Congreso en la que pedía al Gobierno que le diera cuenta de los motivos por los cuales, según el sindicato de prisiones ACAIP, no se cubrían las bajas producidas de los funcionarios de la prisión de Logroño.
Sin embargo, el Ejecutivo no respondió directamente a este interrogante, sino que, en el típico movimiento de defensa contra la oposición, cargó una vez más contra la gestión del Gobierno socialista en los últimos años, en los que Rubalcaba era el principal inquilino del departamento.
Y es que según explica el Gobierno en su contestación, pese a que en los últimos años la situación económica permitía, "con un alto grado de fiabilidad", predecir las restricciones que debían abordarse en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, "no se realizaron las necesarias previsiones".
Pero no es sólo eso, apuntaba el texto oficial, sino que se siguieron licitando nuevos centros penitenciarios, "muchos" con dotaciones "suntuosas" y de "difícil" justificación, "sin que, se llevase a cabo una adecuada previsión respecto a su necesaria dotación de personal".
Eso es lo que explica, según el Gobierno, que desde 2010 se ha venido produciendo una "considerable" reducción de la Oferta de Empleo Público en este ámbito. Al parecer no se puede contratar porque los presos tienen teles de plasma y otros caprichitos de lujo.
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