El Presidente del Gobierno y del PP ya reconoció en su última declaración de bienes publicada por el Congreso haber cobrado por dietas y gastos de representación de su partido, en el año 2010, un total de 98.225,90 euros.
El instructor habría abierto esta línea de investigación dentro de la causa en la que indaga la supuesta contabilidad B del PP reflejada en los 'papeles de Bárcenas', en la que se recogían pagos a diferentes dirigentes del partido, entre ellos el Presidente del Gobierno.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, y dentro de la cuenta de Gastos de Representación del Partido Popular, el juez reclamaría también el soporte documental, incluidas las órdenes de transferencia bancaria, de las anotaciones contables acreditativas de los pagos.
El magistrado, de acuerdo con el fiscal Antonio Romeral, incluye esta diligencia dentro de una batería de peticiones al Partido Popular con las que pretende conocer e investigar todos sus cobros y pagos en el periodo comprendido entre 1990 y 2011.
El juez también reclama al partido de la gaviota el libro de visitas de la sede central del partidode la calle Génova de Madrid, para comprobar las visitas que pudieron hacer los ocho constructores imputados en la causa.
Ruz también reclama en esta batería de peticiones a la tesorera de la formación, Carmen Navarro, los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla en los ejercicios que van comprendidos entre los años 1997 y 2008.
Las nuevas diligencias también comprenden una petición a la Agencia Tributaria para que dé cuenta de "las imputaciones de cobros y pagos realizadas por terceros al Partido Popular en los ejercicios de 1990 a 2005, ambos inclusive".
El juez Ruz también solicita a la Agencia Tributaria, que hemos de recordar es dependiente del Ministerio de Hacienda, la documentación sobre la declaración de operaciones con terceros que realizaron una treintena de empresas, entre las que se encuentran como no podría ser de otra forma las de los constructores imputados, así como las declaraciones del Impuesto de Sociedades que el PP presentó en los ejercicios de 2007 y 2008.
El instructor justifica en su auto que todas estas diligencias son necesarias para "indagar sobre diferentes apuntes contables que aparecen en los soportes documentales investigados", es decir, en los 'papeles de Bárcenas', así como para "establecer las consecuencias de índole jurídico-penal que de aquéllas pudieran derivarse", que incluyen desde un delito contra la Hacienda Pública hasta el resto de mencionados en el auto de admisión de la querella presentada por Izquierda Unida.
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