El juez Castro encuentra "indicios racionales" de que Francisco Camps y Rita Barberá habrían cometido delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración.
El Juez considera que al conceder "a dedo" contratos a Iñaki Urdangarin por un importe de 3,5 millones de euros, "orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas" habrían cometido todos estos delitos pues el instructor cree la versión de que el Valencia Summit, el mejor negocio que hiciera el ahora denostado yerno del rey, se gestó en 2004 en una reunión en el Palacio de la Zarzuela.
El magistrado detalla los indicios delictivos de los 4 delitos en una exposición razonada con una extensión de 70 folios que ha elevado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya que por la condición de aforados que ostentan Camps y Barberá él no tiene competencia para poder imputarles. Ahora será este alto tribunal valenciano el que decida si les inculpa o no.
El instructor describe en su resolución los indicios que ha reunido contra el expresidente de la Generalitat valenciana y la actual alcaldesa de Valencia por su participación en la gestación de los convenios que se firmasen con Nóos para que éste organizará los congresos llamados Valencia Summit, con un coste desproporcionado, y unos Juegos Europeos en Valencia que ni siquiera llegaron a tener lugar pero por los que sí cobraron.
Por ambos eventos, el Instituto Nóos, de Urdangarin y Diego Torres, se embolsó 3,5 millones de euros de fundaciones públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos, de los cuales, no ha justificado que hizo con 2,5 millones.
En la exposición, el juez destaca que las contrataciones con Nóos auspiciadas por Camps y Barberá "no obedecían a procurar el interés general", sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias" de Iñaki Urdangarin "en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey".
"Siendo por ello -añade el juez- que todas las contrataciones se adjudicaron "a dedo", asintiendo verbalmente los aforados a cuanto se le ofrecía”, sin estudios previos de que fueran viables técnicamente ni si tan siquiera existía un mercado que demandase la realización de estos eventos, “en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas".
La exposición reproduce el relato de la concesión irregular de estos contratos a Nóos que incluyó en el auto del pasado mes de enero en el que estableciera una fianza civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su exsocio Diego Torres, de la que más tarde se descontase el IVA.
Destaca como el Valencia Summit (celebrado en 2004, 2005 y 2006) se inició sin ningún procedimiento administrativo de contratación, "y en exclusiva atención" a que Camps entendía que era obligado atender a las pretensiones de Urdangarin porque era el yerno del rey.
El convenio que permitió las celebraciones de ese congreso de ciudades y deporte en Valencia "nunca vino precedido de la realización de absolutamente ningún informe sobre su viabilidad técnica, financiera, jurídica, estudio de los precios de mercado para eventos similares", y el único informe sobre el asunto "que se dice técnico, incorporado al expediente, es absolutamente falso", puesto que fue elaborado en 2005 pero se le cambió la fecha a 2004 en un intento de aparentar que se había hecho antes de la firma del susodicho convenio.
En relación a los Juegos Europeos de Valencia, fruto de un nuevo convenio de diciembre de 2005 entre Generalitat y Nóos, el juez destaca como los principios de “concurrencia” y ”publicidad” propios de una contratación pública conforme a la ley se sustituyeron por los de "amiguismo y oficiosidad".
En la génesis coloca también a Camps, que encarga a su vicepresidente trasladarse a Barcelona para reunirse con Urdangarin. Para el juez, es el culmen de los "favoritismos y compadreos" cómo el presidente de una comunidad autónoma puede comisionar a su vicepresidente "para contactar con un proveedor, menos aún para acudir a su despacho y menos aún si ello obliga a desplazarse de Valencia a Barcelona".
El convenio para celebrar estos Juegos Europeos preveía el desembolso a Nóos de 6 millones de euros, de los cuales afortunadamente sólo percibió unos 380.000 euros pese a que el certamen no llegara a celebrarse nunca.
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