La vicepresidenta del Gobierno anunciado que el Ejecutivo accede a que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la 'Agencia de Transparencia' prevista en el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un 'Consejo de Transparencia y Buen Gobierno' "con mayor transparencia y especialización".
De esta forma, el Ejecutivo responde cediendo a las quejas de todos los grupos por la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que el texto aprobado en el Consejo de Ministros proponía , logrando así que se retiren varias enmiendas a la totalidad. Además, ha confirmado que tanto la Casa Real como el Banco de España serán incluidos expresamente en la Ley de Transparencia a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.
Sáenz de Santamaría avanzó estas novedades durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley de Transparencia. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, tendió la mano a los grupos para alcanzar consensos en la tramitación parlamentaria. "Hay una voluntad del Gobierno de llegar al acuerdo más amplio posible con todos los grupos y les ofrezco que trabajemos juntos", ha proclamado y demostrado después.
Primera ley que incluye explícitamente a la Casa del Rey
La portavoz del Ejecutivo quiso señalar que la Casa Real también se someterá al "mismo régimen de transparencia" que el Congreso, el Senado o al Tribunal Constitucional y que según ha subrayado, se trata de un "avance impulsado activamente por la Monarquía" que hará que España tenga la "primera ley" de Transparencia en Europa que "incluye explícitamente a la Casa Real".
Además, ha adelantado que se incluirá al Banco de España, que será "mencionado de forma expresa" en la ley, tal como pidió la propia institución o el BNG.
Información de contratos, subvenciones y sueldos
También ha querido recalcar que promoverán la inclusión en esta norma de las instituciones privadas que reciben una "financiación pública relevante", un porcentaje de dinero público que está aún por determinar.
Soraya Sáenz de Santamaría avanzó también que la Ley de Transparencia, que irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, permitirá obtener información relativa tanto a contratos, como a subvenciones, convenios y retribuciones de los altos cargos, lo que permitirá poner fin a la crítica social por los sueldos y los sobresueldos, siempre y cuando existan datos para comparar, pues se ha visto casos de denuncia en medios de comunicación de que algunos políticos se doblan o triplican el sueldo en épocas de crisis.
Ante la duda sobre si, dentro de esa información relevante debe incluirse el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos, ha dicho que "promoverán su inclusión expresa en la ley", como reclaman algunos grupos.
Sancionar a los cargos, sea cuál sea la administración
Ante los reparos de algunos grupos nacionalistas que a la mínima saltan con la invasión de competencias y en esta ocasión señalaban el capítulo dedicado al 'buen gobierno' -por la facultad que se concede a Hacienda para sancionar o incluso cesar a alcaldes-, la ministra de la Presidencia ha subrayado que al Ejecutivo "le preocupa el que se sancione y se persiga", "no tanto quien lo haga".
"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".
Acto seguido, ha explicado que la autoridad fiscal independiente y otros organismos de fiscalización pueden ayudar en esta tarea, ya que "su independencia" permite "poner en conocimiento de cada administración" la vulneración de las normas de buen gobierno para que apliquen el procedimiento e impongan la correspondiente sanción.
Finalmente, Sáenz de Santamaría ha insistido en su voluntad de pactar esta norma, ya que, según ha dicho, lo que quiere el Gobierno es que sea una "ley de todos", que marcará "un antes y un después" en el funcionamiento de las instituciones y las administraciones. "Es una ley necesaria e inaplazable", ha aseverado y parecen estar dispuestos a negociarla, no como en otras normas en las que se ve a la legua cuándo y cómo quieren hacer saltar a cada representación de la ciudanía, para después pasar el rodillo de la mayoría absoluta parlamentaria y aprobarla pese a quien pese.
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