Para ello solicita a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50% de la mercantil Aizoon, tras haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.
Así lo ha decidido mediante un extenso auto dictado este viernes, por el que da un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes de mayo, dejaba las puertas abiertas a una posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco.
Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer podrían haberse beneficiado, como únicos socios al 50% de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.
El tribunal ha recalca de esta forma que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se habría destinado a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, lo que implica que podría haber "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
La Sala incide asimismo en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" para estos magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.
Siguiendo esta misma línea argumental, la Audiencia señala que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que se refiere al impuesto de sociedades como al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
Es más, los magistrados recalcan que mientras Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad pues era titular del 50% del capital social, motivo por el que "podría estar en condiciones de impedir la defraudación" a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades durante los años 2006, 2007 y 2008.
De acuerdo con este planteamiento, el tribunal recalca que a partir de marzo de 2006 -cuando la Infanta dejara la junta directiva de Nóos, de la que era vocal- e incluso meses antes "ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".
Así, sostiene que, como socia de la mercantil y "teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria". "Pero no lo hizo y Aizoon siguió recibiendo dinero público y privado defraudado sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e impuesto sobre la renta", señala.
Y es que en un extenso informe, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda una cifra no inferior a 240.000 euros, para lo que utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el que se aplica a las sociedades).
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