Las comunidades han mantenido durante años al menos dos tipos de oficinas fuera de España, unas delegaciones de carácter más político empleadas para mantener contacto con el país en el que están ubicadas, así como medio de promoción de su cultura y lengua, y otras de rango comercial.
Cuando el PP llegó al Gobierno había sólo 17 oficinas autonómicas más en el exterior y todos sabemos que a comienzos de 2012, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ofreció a las autonomías las infraestructuras de la Administración General del Estado en el exterior para integrar sus delegaciones y así evitar duplicidades y ahorrar en costes, pero pese a haber pasado un año y ser el PP el que prácticamente gobierna la totalidad de las autonomías de España, sólo se han clausurado estas 17 y seguimos derrochando lo mismo que antes y no sólo eso, ni siquiera saben decirnos “con exactitud”, según respuesta parlamentaria del Ejecutivo a Javier Puente, cuánto dinero del erario público cuestan mantenerlas cuando se están haciendo constantemente subidas de impuestos y recortes para ganar en ingresos.
Y no debemos olvidar que según el anteproyecto de la Ley de Acción Exterior, aprobado por el Gobierno el pasado 1 de marzo, el Ejecutivo autonómico tendrá ahora la obligación de comunicar sus intenciones a Exteriores y el Ministerio deberá emitir un informe y pese a ello, parece que sus gobiernos autonómicos no son capaces de transmitir esa información
El anteproyecto también obliga a los Gobiernos autonómicos a informar de sus viajes a Exteriores para que embajadas y consulados puedan preparar sus visitas y organizar su logística, pero también para recibir "recomendaciones", de modo que no haya "contradicciones" en la política exterior española hacia un determinado país.
A finales del año pasado había 25 las 'embajadas' de carácter político que permanecían abiertas y más de 120 de carácter comercial, aunque de estas últimas se suponía que estaba previsto el cierre inminente de la mitad.
Naturalmente este asunto está incluido en el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno envió a Bruselas la pasada semana, en el que aseguraban a Europa que el 79% de los gobiernos autonómicos que disponen de red de oficinas de promoción en el exterior han aceptado integrarlas en las embajadas españolas, explicando que tres de cada cuatro comunidades que cuentan con las denominadas embajadas autonómicas han firmado o tienen fecha de firma para adherirse a esta iniciativa de integración, que lleva ya un año de retraso.
Todas las autonomías contaban, por ejemplo, con oficinas propias en Bruselas para formar parte de las negociaciones que se desarrollan en el ámbito de la Unión Europea. Pero pese al ofrecimiento de Exteriores, doce comunidades se han decidido a mantener estas delegaciones en la capital belga porque consideran imprescindible su presencia allí para poder intervenir en las negociaciones europeas.
Cataluña, País Vasco, Galicia y Canarias
Al margen de Bruselas, hay algunas autonomías que mantienen también abiertas oficinas en otras ciudades tanto de Europa como de América. Es el caso de las comunidades con gobiernos independentistas o que amagan con serlo, como Cataluña, que no sólo no se plantea cerrar estas delegaciones sino que el Gobierno de Artur Mas durante la pasada legislatura defendió la necesidad de reforzar su presencia internacional, con la apertura de otras nuevas sedes, pese a estar pidiendo luego dinero a España para sufragar sus gastos corrientes. Cataluña de momento tiene 'embajadas' en París, Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires y no sabemos si pretende, ahora que se ha movido hacia un independentismo más abierto, expandirse aún más para ver si consigue que alguien les apoye en su intento independentista.
Por su parte, el País Vasco, además de la delegación de Bruselas ante la Unión Europea, tiene abiertas sedes también en Nueva York, México, Argentina, Chile y Colombia.
También Galicia, otro país con formaciones políticas de carácter nacionalista, cuenta con sedes en Uruguay y Argentina, países que acogen las colonias más importantes de emigrantes gallegos, pero tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, ambas fueron trasladadas a dependencias de los centros gallegos en esos países, con el fin de reducir costes en el alquiler de las oficinas que ocupaban.
Por su parte, Canarias únicamente tiene delegación en Caracas (Venezuela) con el objetivo de consolidar su presencia en el ámbito internacional y en respuesta a la "creciente actividad" que la comunidad desarrolla en el exterior.
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