Así se lo ha comunicado a las partes, pese a que uno de sus miembros fuera favorable a ella, en una vista celebrada a puerta cerrada.
De esta forma, en el auto los magistrados dejan sin efecto la imputación y la citación para declarar pero señalan que la decisión es provisional, “condicionando la misma a las aclaraciones" sobre las acusaciones por el posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales que manifestaba el juez Castro en su informe.
Tras las conclusiones de Hacienda, el tribunal dará audiencia a las partes para "decidir si mantiene o no las imputaciones por delito fiscal y si por ello procede citar en calidad de imputada a la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia".
La Audiencia resuelve contra la tesis del instructor que defendió la imputación por la suma de argumentos e indicios que pesaban sobre la hija del Rey, pero este tribunal ha considerado “más convincente” la tesis de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, que recurrieron la decisión del juez José Castro y se opusieron a la imputación.
Castro mantuvo la conveniencia de “despejar en cualquiera de los sentidos, la incognita antes de finalizar la instrucción de esta pieza", evitando así un “cierre en falso de la investigación” y “el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".
Sin embargo la defensa de la infanta Cristina no parecía entender este argumento pues reclamó la anulación de la imputación y la validez del auto pues entendían que no imputaba “ningún hecho que pueda constituir una infracción penal” y que la imputación de ciertos personajes públicos, “especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado”, tiene “socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración”, y señalaban las “cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales” que podía tener esta imputación.
Los letrados Miquel Roca y Jesús Silva creían que no había hechos base ni rasgos racionales de criminalidad, sino meras conjeturas del juez. Con indicios “débiles, inconsistentes e insuficientes”, la obligada presencia de la esposa de Iñaki Urdangarin ante el juez resultaría una medida “más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo”. Apelaban, de esta forma, al procedimiento justo que garantiza la Constitución y refutaban lo que creían que era la inversión del principio de presunción de inocencia, es decir, que la Infanta fuera culpable y debiera demostrar su inocencia.
Si la Audiencia de Palma no rectifica el auto de José Castro, decían los abogados, “resulta imposible evitar que se convierta la imputación en un juicio de condena provisional”, multiplicado por los medios. El gran volumen del ruido mediático, apuntan, que puede perseguir el imputado y exsocio de Nóos Diego Torres, es la única base de su implicación.
La Casa del Rey “respeta” las decisiones judiciales y la Infanta feliz
La Casa del Rey ha expresado su "máximo respeto a las decisiones judiciales" tras el auto de La Audiencia de Palma que suspende la imputación de la Infanta Cristina. La Zarzuela ha estudiado detenidamente el documento de 61 folios que asume parcialmente los recursos planteados por el fiscal Pedro Horrach y al que se adhirieron la defensa de la esposa de Iñaki Urdangarin, la Abogacía del Estado y los representantes del duque de Palma y Carlos García Revenga, secretario personal de las Infantas.
Mientras, la Infanta Elena se ha atrevido a celebrar el auto que suspende, por dos votos a uno, la imputación de su hermana. “Estoy muy alegre”, ha respondido cuando los periodistas le preguntaron en el Madrid Open de Tenis por la decisión judicial.
El PP y el gobierno felices
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, en los pasillos del Senado ha calificado de "magnífica noticia" esta decisión de la Audiencia Provincial de Palma. El motivo no es otro que se trata de "una Infanta de España".
Margallo ha celebrado así la decisión de levantar la imputación de la Infanta a la espera de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, justifique si incurrió en un presunto fraude fiscal, tras lo cual deberá decidir si la imputa de nuevo por un posible delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, también ha celebrado la decisión de la Audiencia. "Eso es bueno para todos y para una institución tan importante como la Corona", ha dicho.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Alonso ha expresado de eta forma su alegría por lo que, a su juicio, es "una buena noticia". Además, ha puesto en valor las palabras pronunciadas este lunes por el expresidente Felipe González en defensa de la Monarquía --"sirve para el país", indicó- y del Rey, de quien destacó que es "el más respetado" a nivel internacional.
Preguntado entonces sobre si se podría creer que la suspensión de la imputación de la infanta Cristina se podía deber a su pertenencia a la Casa del Rey, Alonso ha respondido insistiendo en que si algo está demostrando este procedimiento es que "todos somos iguales ante la ley para lo bueno y para lo malo", reiterando así que esto es "una buena noticia por la significación que tiene para las instituciones españolas".
Si (
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