El PP amnistía a sabiendas de la amenaza del mar

El PP amnistía a sabiendas de la amenaza del mar

jueves 16 de octubre de 2014, 19:14h

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Los cambios introducidos por el PP, en el Gobierno, a la nueva Ley de Costas siguen apostando por prorrogar las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce la existencia de una “amenaza por la invasión del mar o de las arenas”.

El PP amnistía a sabiendas de la amenaza del mar

Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente, calcula que hay unas 10.000 construcciones en dominio público en nuestro país. Sin embargo, ha apostado por salvar de la demolición a unas 2.000, que debían derribarse en 2018, para evitar la mala imagen de España en el exterior, algo que no terminan de ver con buenos ojos las  organizaciones conservacionistas y juristas pues coinciden en que, lejos de acabar con la inseguridad jurídica, se están fijando los mimbres para lo que podría ser una avalancha de pleitos.

Las enmiendas del PP a la actual ley costera, vigente desde 1988, buscan adaptar la normativa a los efectos del cambio climático. Lejos de prevenirlo, utilizan como punto de partida hechos consumados o graves amenazas.

En la enmienda 176, se establece que los “derechos de ocupación” de las construcciones que han invadido el dominio público se van a mantener “siempre que el mar no les alcance o exista un riesgo cierto de que lo haga” y que si se considera que la zona está en “riesgo de regresión grave”, algo que deberá declarar una orden ministerial, el Estado podría asumir parte de las obras de defensa para protegerlas o imponer contribuciones.

Se trata de que “los concesionarios que están en el dominio público en riesgo se beneficien de las actuaciones de protección de la Administración (...) es una colaboración financiera con los particulares beneficiados”, ha reconocido una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. “Las ocupaciones se pueden mantener siempre que no exista riesgo de que el mar les alcance”, añade.

La reforma, denominada Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, apuesta por conceder permisos para negocios cada cinco años e ir revisándolos. Se contempla también por ejemplo la posibilidad de resolver las autorizaciones “unilateralmente” y “sin derecho a indemnización” cuando se establezca que existe un “cierto peligro” de que el mar les alcance.

Una delegación de la Eurocámara visitó España en marzo para investigar 76 quejas recibidas sobre la tramitación de esta ley. En esos encuentros —que mantuvieron con representantes del Gobierno, damnificados y asociaciones no gubernamentales— se interesaron por la situación de los extranjeros afectados, pero también por la vulneración de directivas medioambientales, entre las que está la de riesgo de inundaciones.

“Se trata el cambio climático de una forma frívola, si lo tomaran en serio optarían por retranquear la línea de costa y no perpetuar las instalaciones”, asegura Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.

Y es que la organización considera “imposible” certificar lo que ocurrirá en los próximos cinco años y mucho menos “frenar el avance del mar” con obras de defensa. “No se está previniendo nada”, añade José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF.

Medio Ambiente garantiza que el riesgo se evaluará de forma científica

Greenpeace, por todo ello, ha acusado al Partido Popular de “falta de rigor”. “No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, ni la isla de Formentera, ni las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley”, destacaron. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar u ocurran catástrofes, como que el agua alcance viviendas. Con esta actitud “se choca con el más elemental principio de precaución”, advierten.

De momento no hay una memoria económica que analice el coste de las actuaciones que se proponen para salvar propiedades construidas en lugares poco o nada adecuados, actuaciones como la construcción de espigones o rellenos para combatir los efectos del cambio climático y la subida del nivel del mar. “Estos tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre”, aconsejan desde Greenpeace.

La respuesta desde Medio Ambiente  ha sido que las medidas tienen todavía que concretarse en un reglamento que desarrolle la ley y presumen que su propuesta ha sido la “más ambiciosa y proteccionista del dominio público” de las que han presentado el resto de grupos parlamentarios en el Congreso o en el Senado. El Gobierno garantiza que no se utilizarán la “discrecionalidad de la Administración” sino “criterios científicos” para determinar esos tramos en riesgo.

 “Para empezar se considera propietarios a las personas que ocupan dominios públicos”, subraya el socialista Hugo Morán, el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad que critica que se conceda un título de propiedad a un plazo que llega hasta los 75 años y al mismo tiempo el PP pretende reservarse el derecho de suprimirlo sin exponerse a reclamaciones judiciales. “Todo esto va a dar lugar a un derecho indemnizatorio, es una irresponsabilidad con los afectados que alcanza un grado supino”, añadió.

“Se va a macizar la costa al amparo de las infracciones urbanísticas”, aporta José Fernández, director de Costas durante la etapa en la que Cristina Narbona (PSOE) era ministra de Medio Ambiente. “El cambio climático no se puede dejar para ir viéndolo caso por caso, o dejas la costa como está o amplías la protección, no se puede reducir de ninguna manera”, aporta.

 

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