El nuevo texto clarificará las condiciones que deben cumplir las empresas a la hora de formalizar una petición para la aprobación de un nuevo producto modificado genéticamente, aclarando en este sentido aspectos tales como los procedimientos para la realización de estudios, las solicitudes de revisión de nuevos análisis y las garantías mínimas de calidad.
Además, obligará a presentar estudios de 90 días de duración en roedores, para los que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya ha desarrollado un protocolo que se ha basado en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El reglamento elaborado por la Comisión prevé un periodo transitorio de seis meses antes de que las empresas queden completamente sujetas a sus normas, que entrarán en vigor 20 días de la publicación en el Diario Oficial de la UE.
Este proyecto de reglamento propuesto por el Ejecutivo comunitario con todas estas medidas logra el respaldo de los distintos Estados miembros de la Unión Europea en el Comité encargado de estos asuntos, el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Salud Animal.
Mientras tanto, España ha sido denunciada ante la Comisión Europea por la organización ecologista Greenpeace por no cumplir con las directivas europeas sobre transgénicos, su liberalización intencional en el medio ambiente y el acceso público a la información medioambiental.
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