El número de análisis por países se ha repartido utilizando como criterio el peso del mercado cárnico en cada uno de ellos y España, junto a países como Francia, Reino Unido e Italia, deberá debido al enorme peso de su mercado, hacer el máximo asignado por Estado miembro: 150.
Además realizarán otra serie de pruebas con el fin de detectar un potente antiinflamatorio para caballo, llamado fenilbutazona y poder así tranquilizar al consumidor, según explicó el comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, en una comparecencia este jueves en el Parlamento Europeo.
De esta prueba en concreto Bruselas ha pedido muestras por cada 50 toneladas de carne en el mercado, estableciendo un mínimo de 5 pruebas para cada Estado miembro, lo que obligará a España a realizar un total de 115 pruebas, distribuidas por la totalidad de sus Comunidades Autónomas.
Los dos exámenes se deberán realizar durante el mes de marzo, con posibilidad de prorrogarlo dos meses más, esperando haber podido obtener y notificar a la Comisión Europea los primeros resultados para el 15 de abril a más tardar.
España, que durante las últimas semanas ya ha tomado varias muestras, informó el lunes del primer caso de equino no etiquetado en canelones de 'La Cocinera', propiedad de la multinacional suiza Nestlé, que tras el caso descubierto decidió retirar seis productos de su proveedor español.
El comisario Borg, que desde el inicio de esta crisis alimentaria ha defendido que se trata de "un caso de fraude de ley y no de un problema de salud pública", se ha comprometido a hacer públicos los resultados de esta campaña de análisis para restaurar así la confianza del consumidor.
En el caso de España, los test de ADN y las pruebas para rastrear el fármaco se repartirán de manera proporcional entre las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta como criterio fundamental uno similar al de la UE: el volumen de producción cárnica en cada una, según han explicado desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que conducirá los trabajos en coordinación con el Ministerio de Salud y Consumo pues se trata de una cuestión que afectaría a ambos Ministerios: la salud y la alimentación.
El objetivo de nuestras autoridades es lograr una prospección lo más amplia posible y por ello las pruebas se realizarán en todas las Comunidades Autónomas y en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde el procesado hasta los puntos de venta, pasando por las instalaciones de almacenado y fábricas, explican desde el Ministerio dirigido por Arias Cañete.
Las arcas comunitarias asumirán afortunadamente para nosotros, el 75 % del coste que supondrá esta campaña, unos 3 millones de euros, según cuentas de Bruselas, por unos análisis que cuestan unos 400 euros cada uno.
La carne de caballo es un producto autorizado en la Unión Europea pero que debe cumplir una serie de estándares para entrar en la cadena alimentaria. Por ejemplo, cada caballo sacrificado para el consumo humano debe contar con un 'pasaporte de sanitario' que acredite que el animal no ha sido sometido a ningún tratamiento veterinario, algo que no podría en teoría tener un caballo de competición o un caballo utilizado para el recreo.
La Unión Europea consume unas 110.000 toneladas cada año de carne de caballo, de las que importa en torno a un 30 % de países terceros, principalmente Canadá, México y Argentina. En Europa, los principales productores son Polonia y Rumanía y los principales consumidores son Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica.
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