Ello les lleva a concluir que la medida no persigue otra cosa que beneficiar a unos pocos privilegiados que tienen influencia y mucho dinero con ganas de comprar tierra a precio de saldo.
Según consta en la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013, el Gobierno Regional espera recaudar 45,6 millones de euros por la venta de terrenos no urbanos; dentro de esta partida se esconde el monto que la Junta prevé conseguir por la venta de montes de utilidad pública, así como por otros terrenos rústicos de titularidad autonómica y de gran valor ambiental.
Resulta que los planes que en principio, se negaron para luego ser matizados desde la Presidencia y la Consejería de Agricultura figuran, negro sobre blanco, en los Presupuestos Generales y nadie, ni siquiera la oposición, había reparado en ello, lo cual hace que nos planteemos si a lo mejor a la oposición no le preocupan estas ventas.
Esta partida, aunque en sí pudiera parecer elevada, es ridícula desde el punto de vista de su trascendencia financiera- señala la organización ecologista. Los ingresos que espera conseguir la Junta con terrenos de gran valor ambiental y social representan apenas el 0,6% de los ingresos totales reflejados en los presupuestos de 2013, por lo que se tratarían de cantidades testimoniales sobre el total de 7.440 millones de euros de ingresos previstos en el conjunto de los presupuestos.
Para Ecologistas en Acción estas cifras y la escasa relevancia de la venta en el conjunto de las operaciones realizadas por la Administración de la Junta, revelan que la enajenación de los montes de titularidad pública no tiene una trascendencia económica significativa, sino que lo que se pretende con la medida es poner a disposición de unas pocas personas con dinero e influencia bienes públicos a precios muy ventajosos a costa de los terrenos de gran valor ecológico que posee la Junta y de los que no quiere continuar haciéndose cargo.
La opaca gestión de la venta de terrenos públicos está poniendo en riesgo un patrimonio natural que abarca casi 171.000 hectáreas de montes de utilidad pública y cerca de 50.000 hectáreas de otros terrenos de titularidad pública que cumplen importantes funciones sociales y medioambientales-señala Ecologistas en Acción en su comunicado. Entre los más valiosos en términos medioambientales figuran las parcelas de reemplazo procedentes de permutas de vías pecuarias y numerosas fincas con monte natural o repoblado.
Por todo ello, Ecologistas en Acción insiste en exigir transparencia a la Junta en todo este proceso pero, sobre todo, que abandone la idea de la venta masiva de terrenos con altos valores naturales, una medida que transgrediría la actual legislación de montes y que cada resulta más evidente que se hace para beneficiar a unos pocos privilegiados.
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