Los trabajadores de la justicia cesarán su labor este miércoles entre las 12.00 y las 13.00 en señal de rechazo ante la gestión del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y, en especial, ante las medidas del Gobierno destinadas a aumentar y extender las tasas judiciales.
La organización sindical critica que las decisiones del Ejecutivo llevan a la “absoluta paralización” de las medidas que se estaban promoviendo para la modernización del sistema judicial. Igualmente, el sindicato tacha la iniciativa de aplicar tasas judiciales de “vergonzoso repago” y reprocha al ministro estar provocando la privatización del Registro Civil. Aunque aún no se han revelado los trámites del registro a los que afectarán las tasas, fuentes del Ministerio de Justicia han concretado recientemente que éstas se aplicarán a procesos como matrimonios, divorcios, cambios de nombres y apellidos, así como las peticiones de nacionalidad. Según el Ministerio, quedarán excluidos los nacimientos, defunciones y resoluciones judiciales, por ser las gestiones más habituales en el Registro Civil.
Los secretarios judiciales aseguran que la justificación de las modificaciones que se aplicarán al Registro Civil y los matrimonios civiles coincide con la razón “que utiliza el Gobierno para justificar recortes y privatizaciones en otros ámbitos: que los ciudadanos (y también los profesionales) abusan de la Justicia”. El sindicato ve esta postura del Gobierno como una muestra de ignorancia ante la verdadera realidad que muestran habitualmente las oficinas judiciales y se muestra en contra de aplicar a los ciudadanos el coste económico de una “supuesta agilización” de la Justicia.
El sindicato de secretarios judiciales se une al resto del sector judicial; asociaciones profesionales de jueces y fiscales, principales sindicatos generalistas y asociaciones de consumidores y ciudadanas, en la advertencia de convocar una huelga si el Ejecutivo no permite un Pacto de Estado que sustituya a las reformas del ministro de Justicia.
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