En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" tanto a ciudadanos como empresas, "reforzará la protección ambiental" de la costa y evitará "situaciones irreversibles", por lo que la califica de "cambio normativo muy importante".
De esta forma el nuevo texto resuelve los vencimientos de las concesiones previstos en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988 y con ello resuelve la situación de más de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT) y la mayoría construidas antes incluso de la ley anterior (1988) lo que obligaría a demolerlas si expirase su concesión. Este es el caso de alrededor de 1.100 concesiones de viviendas que habría que demoler en tan sólo seis años.
Así, el Gobierno pretende acabar con lo que ellos denominan " indeterminación y ambigüedad” existente que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.
Además, según el Gobierno, se generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Se están refiriendo con ello a los hoteles y chiringuitos en primera línea de playa o, en algunos casos, en la mismísima playa.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
La nueva normativa define, no sabemos si mejor, el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, todo ello según Medio Ambiente;
Introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), a las que impondrá "un nivel de protección mayor" al actual.
Para “reforzar” los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado podrá, si es que quiere, suspender en vía administrativa los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten al dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales “para evitar” que se “reproduzcan” casos de construcciones ilegales.
Otra medida contempla impedir nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de obras de mejora necesarias en los edificios existentes que supongan un aumento de volumen, altura o superficie y además, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
También se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen leyes como la Ley de Aguas, “siempre que” se trate de “actividades respetuosas” con el DPMT. Y para evitar que nos quedemos sin casas, hoteles y otras estructuras a pie de playa cuyo vencimiento está muy próximo (2018), se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de que esta reforma entre en vigor de hasta 75 años. No serán “prorrogas indiscriminadas” dicen desde Medio ambiente. Las industrias extractivas, energéticas, químicas, petroquímicas, textiles y papeleras tendrán que conseguir algo inaudito, un "informe ambiental específico para otorgar la prórroga".
RESPUESTAS DE LOS GRUPOS ECOLOGISTAS
La respuesta de Greenpeace no se ha hecho de esperar y, en primer lugar acusan al gobierno de tramitarla “de espaldas a la sociedad y en aras de intereses privados” y de engañar al pueblo, al proclamar la protección del litoral pero excluir construcciones ilegales y reducir el deslinde del dominio público marítimo terrestre y le piden que aclare cuáles son los criterios para ese uso "sostenible" de la costa que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas en nuestro litoral.
El borrador de anteproyecto de nueva Ley de Costas, pasa a las Cortes para su debate parlamentario bajo un incoherente nombre como el de "Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral" que modifica la Ley de Costas de 1988- dicen los ecologistas.
En la exposición de motivos de la vicepresidenta del Gobierno, se ha tratado la costa como un “recurso de inversión y desarrollo turístico”, no un bien y un patrimonio natural público –subrayan.
El propio ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha expresado que "las “excesivas limitaciones” a las obras restan competitividad al turismo español" sin pronunciar los daños que dichas obras han causado o podrían haber causado al medio ambiente, sin ellas.
Además la tramitación de esta Ley que tiene alta incidencia ambiental no ha tenido en cuenta desde el principio lo que las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación piensan.
En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente-apostillan. Además si no fuera por la protesta conjunta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de sindicatos, ecologistas o Cofradía Nacional de Pescadores el anteproyecto ni siquiera se hubiese abierto a alegaciones públicas y ni siquiera las comunidades autónomas como Andalucía tampoco han tenido acceso al mismo- apunta Greenpeace en su comunicado.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como se ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa", ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. La “mayoría absoluta en las Cortes el PP deja a futuros decretazos la regulación de la costa", subraya.
Además, al permitir que se ocupe el territorio durante 75 años extra y en zonas inundables que no se hayan inundado por lo menos 5 veces durante los últimos 10 años y al excluir del dominio público los humedales como las salinas se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa (espigones de control, regeneración de playas o reconstrucción de paseos marítimos).
Por tanto, la Ley de Costas responde a las necesidades de “venta de suelo público” y no a la supuesta austeridad anunciada por el Gobierno. Esta argumentación queda clara al analizar los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y ver que el presupuesto para el mantenimiento de la costa se reduce más de la mitad, pasando de los 104 millones del 2012 a los 48,8 millones en 2013.
"Sin presupuesto, con la costa privatizada y permitiendo la peligrosa permanencia de industrias y viviendas en la franja costera, quedan claras las intenciones del Gobierno, vender la costa al mejor postor", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
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