El Ejecutivo señala siete razones para tomar esta decisión: el nivel de dependencia energética exterior de España; la Ley de Economía Sostenible; el déficit acumulado del sector y la necesidad de que los mismos no se trasladen al consumidor; la estabilidad de la red eléctrica española; el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC); la participación de las centrales en la financiación del combustible nuclear sólo cuando están en funcionamiento; y el impacto de la renovación en la actividad económica, el empleo y la recaudación impositiva de la zona.
Con esta decisión, el Ejecutivo ha eliminado además la obligación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear de presentar un plan de desmantelamiento antes del 6 de Julio de 2013 y elimina la prohibición a la central de realizar modificaciones que impidan el cese definitivo de la explotación.
La nueva decisión establece, además, que con anterioridad al 6 de septiembre de este año el titular podrá solicitar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años, es decir, hasta 2019.
La reacción de los ecologistas no se ha hecho esperar. Greenpeace recurrirá esta revocación y afirma que el ministerio está ignorando las alegaciones presentadas por la organización, alegaciones que han reunido doce mil apoyos.
"Aún con el susto en el cuerpo por el incendio del que se libró la nuclear de Cofrentes (Valencia) ayer, el Ministro de Industria hace oídos sordos al sentido común y defiende ciegamente los intereses de las compañías eléctricas a costa de los ciudadanos " y es una muestra más de la falta de política energética en España y de lo que pasa cuando los sucesivos gobiernos someten sus decisiones a los intereses de las grandes compañías eléctricas" ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
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