Organizaciones sociales, ecologistas y ciclistas han expresado su preocupación por la falta de representación de la movilidad activa en el Consejo Superior de Movilidad Sostenible y en el Foro Territorial. A pesar de que la Ley 9/2025 busca promover una movilidad sostenible y descarbonizada, los borradores actuales excluyen a las organizaciones que han contribuido a su redacción. Se denuncia que más del 70% del poder de decisión se concentra en infraestructuras tradicionales, dejando un 0% para la movilidad activa. Las organizaciones firmantes solicitan una participación real y efectiva, así como la consideración de sus alegaciones en los procesos de gobernanza, enfatizando que la participación pública debe ser valorada y no un mero trámite administrativo.
Organizaciones reclaman representación de la movilidad activa en el Consejo Superior
La ausencia de representación de la movilidad activa en el Consejo Superior y en el Foro Territorial de Movilidad Sostenible ha generado una fuerte reacción entre diversas organizaciones sociales, ecologistas y ciclistas. Estas entidades, que incluyen a ConBici, Promoció del Transport Públic, Ecologistas en Acción, Greenpeace, UGT, Andando y CCOO, han expresado su inquietud ante la composición prevista para los nuevos órganos de gobernanza establecidos por la Ley 9/2025, del 3 de diciembre, sobre Movilidad Sostenible.
La reciente aprobación de esta ley representaba una oportunidad única para centrar las políticas públicas en una movilidad activa, saludable y descarbonizada. Sin embargo, los borradores de los reales decretos que regulan el Consejo Superior de Movilidad Sostenible y el Foro Territorial evidencian un enfoque que contradice los principios que la norma busca promover.
Resulta preocupante e inaceptable que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible planee establecer órganos donde más del 70% del poder decisional recaiga sobre infraestructuras tradicionales y motorizadas, dejando a la movilidad activa con un alarmante 0% de representación. Además, se ignoran realidades sociales cruciales que deberían ser consideradas en las políticas de movilidad, como las necesidades de infancia, personas mayores y quienes realizan tareas de cuidados.
Esta falta de inclusión revela que la Administración sigue perpetuando un modelo centrado en el uso del asfalto y el vehículo motorizado, relegando a un segundo plano modos de transporte que son prioritarios según la legislación vigente.
Las organizaciones firmantes consideran esencial corregir esta profunda asimetría. Es fundamental que la movilidad activa y sostenible (tanto ciclista como peatonal) cuente con representación directa, así como voz y voto dentro del Consejo Superior de Movilidad Sostenible y del Foro Territorial. Para lograrlo, proponen crear Secciones y grupos de trabajo permanentes especializados en movilidad activa e intermodalidad que aseguren una participación efectiva.
Sin esta presencia estable de estos modos prioritarios, advierten que el nuevo marco de gobernanza podría perder su potencial transformador, convirtiendo los objetivos sostenibles establecidos por la ley en meras declaraciones sin herramientas concretas para su implementación.
En línea con estas preocupaciones, también se han presentado alegaciones al Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde se reiteran las mismas deficiencias inaceptables observadas previamente.
Este contexto refleja una inquietud más amplia sobre cómo se gestionan los procesos participativos. Las organizaciones implicadas participan regularmente en consultas públicas porque creen firmemente en la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la descarbonización, la salud pública, la protección ambiental, así como una movilidad equitativa y accesible.
No obstante, existe preocupación por una tendencia creciente a tratar estos procesos participativos como meros trámites administrativos sin contenido significativo. La verdadera función de la participación pública solo se cumple si las aportaciones realizadas por la sociedad civil son analizadas y tenidas en cuenta.
Por ello, las organizaciones firmantes demandan que sus alegaciones sean consideradas con seriedad y transparencia. Exigen que las Administraciones Públicas informen sobre cómo se han tratado estas propuestas y justifiquen cualquier aceptación o rechazo. Es vital que las decisiones reflejen las contribuciones realizadas por la sociedad civil organizada. La participación no es un favor otorgado sino una herramienta esencial para mejorar las políticas públicas.
Sólo puede considerarse efectiva cuando hay un reconocimiento tangible y rastreable de las aportaciones realizadas por los ciudadanos.
Las organizaciones que están reclamando una participación real y efectiva incluyen ConBici, Promoció del Transport Públic, Ecologistas en Acción, Greenpeace, UGT, Andando y CCOO.
La movilidad activa y sostenible es considerada fundamental para situar la salud pública, la protección ambiental y la equidad social en el centro de las políticas públicas. Sin su representación, los objetivos de sostenibilidad corren el riesgo de ser solo declaraciones de intenciones.
Se ha detectado una tendencia a considerar los procesos participativos como meros trámites administrativos sin contenido real. Las aportaciones de la sociedad civil no siempre son analizadas ni consideradas adecuadamente.
Solicitan que sus alegaciones y propuestas sean tenidas en cuenta de manera real y transparente, informando sobre el tratamiento dado a estas alegaciones y justificando su aceptación o rechazo.
La participación pública debe ser vista como una herramienta para mejorar las políticas públicas, cumpliendo su función cuando existe una consideración efectiva y trazable de las aportaciones realizadas por la sociedad civil organizada.